Informe revela que EEUU otorgó residencia a cientos de delincuentes sexuales y pandilleros
Un reciente informe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha puesto de manifiesto fallas críticas en la seguridad nacional de su programa de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ), lo que permitió la entrada a Estados Unidos de aproximadamente 800 miembros de pandillas conocidos o sospechosos.
El informe, titulado "Criminalidad, Pandillas y Cuestiones de Integridad del Programa en las Peticiones de Jóvenes Inmigrantes Especiales", examinó más de 300.000 peticiones SIJ presentadas desde el año fiscal 2013 hasta febrero de 2025, según un comunicado de prensa del USCIS.
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El informe encontró que 198.414 peticiones fueron aprobadas entre el año fiscal 2020 y 2024, y que la mitad de los peticionarios en 2024 tenían más de 18 años cuando ingresaron a EEUU sin inspección.
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El informe también detalló que había 853 peticionarios con afiliaciones a pandillas conocidas o sospechosas, a muchos de los cuales se les aprobó su petición. De más de 600 solicitudes de miembros de la pandilla MS-13, más de 500 fueron aprobadas, según los informes.
Entre las solicitudes de la MS-13, al menos 70 correspondían a individuos acusados de crimen organizado federal, mientras que muchos otros fueron acusados de cometer crímenes violentos.
Más de 100 miembros de la pandilla Calle 18, una de las más grandes de Los Ángeles, fueron aprobados, según el informe, al igual que al menos tres miembros del Tren de Aragua y numerosos miembros de las pandillas rivales Sureños y Norteños.
Al menos 120 de los peticionarios desde 2013 fueron acusados de asesinato, y más de 200 eran delincuentes sexuales registrados.
Otros hallazgos clave del informe muestran que un número significativo de peticionarios provienen de países de preocupación para la seguridad nacional y se beneficiaron de lo que el USCIS describió como las "políticas laxas de detección, investigación y antifraude" de la administración Biden.
El informe también señaló casos de fraude de edad e identidad, afirmando que algunos peticionarios falsificaron sus nombres, fechas de nacimiento y países de origen.
Establecido por el Congreso en 1990 y modificado posteriormente, el programa SIJ tenía como objetivo otorgar estatus legal y un camino hacia la ciudadanía estadounidense a jóvenes inmigrantes indocumentados que, según un tribunal de menores, no pueden reunirse con uno o ambos padres debido a abuso, negligencia o abandono.
"Criminales extranjeros están infiltrándose en los EEUU a través de un programa destinado a proteger a niños extranjeros abusados, descuidados o abandonados", dijo el portavoz del USCIS, Matthew J. Tragesser, en un comunicado tras la publicación del informe.
“Este informe expone cómo el cabildeo a favor de las fronteras abiertas y los jueces activistas están explotando lagunas en nombre de la ayuda a niños indefensos.”
